El 13 de febrero de 2022 se cumplieron cinco años del ingreso de Samark López Bello a la lista de OFAC. Durante todos estos años el empresario y sus asesores legales intentaron conocer cuáles eran las denuncias y acusaciones que llevaron a ingresarlo en esta lista junto a diferentes políticos de Venezuela.
En julio de 2021 y frente a la falta de respuestas por parte del organismo y la Justicia, el empresario junto a su equipo legal tomó la decisión de demandar al departamento del tesoro de Estados Unidos en busca de una respuesta a su causa.
En el documento presentado por la defensa, se destaca que Estados Unidos le congeló más de $160 millones y que las sanciones impuestas desde el 13 de febrero de 2017 a la fecha le han generado inmensas pérdidas a sus empresas y que se trata de una difamación contra la figura de Samark López Bello ya que el recurso legal, introducido ante una corte federal de Washington D.C., alega que la decisión de la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC) de colocarlo en su lista negra fue tomada sin que la unidad del Departamento del Tesoro contara realmente con evidencias y debido a ello terminó “esparciendo rumores sin fundamento”.
En el documento se aclara que además de congelar sus activos en Estados Unidos, “las compañías extranjeras de López Bello han sido sometidas a una evisceración financiera sin precedentes, producto de que compañías líderes de la industria como Profit Corporation, C.A., se vieron incapacitadas de cumplir con sus obligaciones contractuales, cobrar facturas adeudadas o recibir algún tipo de ingresos”.
Tal como se indica en la demanda, López Bello está también incapacitado de operar en los mercados financieros, dado a que las partes se rehusan a tratar con él por temores a ser también sancionados. Esto (…) le ha dejado sin poder reubicar sus inversiones personales, sin poder recibir ganancias de capitales o el pago de intereses por sus inversiones y le han obligado a sufrir pérdidas, incluyendo más del 80% sobre ciertas inversiones.
En la demanda, se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.
Lo cierto es que el departamento del tesoro de Estados Unidos se enfrenta a una situación sin precedentes por las denuncias en su contra por la manera en la que el ex presidente Donald Trump utilizó la Oficina de Control de Activos Extranjeros para su propia guerra contra políticos y empresarios de Venezuela.
Según investigaciones periodísticas, más de la mitad de lo que está redactado en la demanda contra Samark López bello consiste en recortes de noticias y registros de código abierto para respaldar la afirmación de que él representa los intereses de Tareck Al Assami lo que lo convierte en una situación única e irrepetible en el camino de la búsqueda de justicia por parte del empresario venezolano.
